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El pasado sábado, 4 de octubre de 2014 , el Ministerio de Fomento publicó en el BOE la Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino con el objeto de aprobar el Plan Marítimo Nacional en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

Esta orden se dictó en desarrollo de este Real Decreto, y especialmente de su art. 3, apartado 1, subapartado a), que establece que, dentro del sistema nacional de Respuesta, el subsistema marítimo estará integrado por dos planes de contingencia: el Plan Marítimo Nacional y el plan interior marítimo, y que el contenido del Plan Marítimo Nacional. El segundo es el plan de contingencia para aquellos supuestos de contaminación marina que se produzcan dentro de un puerto, plataforma o cualquier otra clase de instalación situada en aguas sobre las que España ejerza su soberanía, mientras que el otro plan de contingencia, el que fue aprobado el pasado sábado y que es objeto de esta reseña, constituye, literalmente, un “plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a las aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, en el marco del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante”.

Además, este Real Decreto, en su art. 5 relaciona cuál es el contenido mínimo que deben reunir todos los planes de contingencia que se dicten en desarrollo del mismo. Por ello, la estructura de esta Orden Ministerial es la contenida en ese artículo 5, cumpliendo así con el cometido de desarrollo del Real Decreto encomendado al Ministerio de Fomento, que ha elaborado esta norma con la colaboración y el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que también ha emitido su informe. Asimismo, se ha recabado informe de los Ministerios del Interior, de Defensa, de Economía y Competitividad, de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, así como del Departamento de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Nuclear.